Cómplices por omisión

Editorial UCA
11/09/2017

La semana pasada, el Idhuca asistió, junto con el Servicio Social Pasionista, a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, que está totalmente demostrado que las ha habido. Y ha sido la investigación periodística y la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos la que ha forzado a algunas instituciones a reconocerlo. Los datos duros sobre muertes de pandilleros en enfrentamientos, además de algunas denuncias y hechos objetivos, obligan a pensar que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos casuales. Al contrario, las evidencias apuntan a que dentro de la PNC operan grupos que han optado por ejecutar pandilleros. La información disponible llevó a James Cavallaro, profesor estadounidense de derecho y miembro de la Comisión, a decir lo siguiente: “Cuando hay cifras así, […] algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución, estamos […] con un patrón de uso extremadamente excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado”. Además, esos mismos datos demuestran que el control e investigación interna de la PNC es insuficiente, ineficiente y cómplice por omisión con las ejecuciones extrajudiciales.

La reacción de las autoridades no se ha hecho esperar. Han asegurado que las acusaciones contra la Policía son conjeturas sin fundamento que manchan injustamente el nombre del país y que en la institución no hay ningún plan sistemático de eliminación de personas. El contraste entre estas afirmaciones exculpatorias y el vocabulario que utilizan a diario para hablar sobre la persecución del delito es notable. Mientras se defiende que todo lo que se hace se desarrolla en el marco de la legalidad, dirigentes policiales y funcionarios del Gobierno usan palabras como “represión”, “lluvia de fuego”, “muerte”, “guerra” y otras que no son compatibles con los derechos humanos ni con el plan gubernamental El Salvador Seguro.

A este respecto, es indispensable recordar que la Policía está obligada a investigar toda acción sospechosa. No vale decir que las ONG defienden a los delincuentes o que no hay que tomarse en serio acusaciones que provienen de parientes de pandilleros. La ausencia de investigación interna entraña el peligro de que las instancias encargadas de control, incluso la jefatura de la PNC, se conviertan en cómplices por omisión de verdaderos delitos. Y algunos de esos delitos son considerados de lesa humanidad, como la tortura; no investigarlos podría llevar a que El Salvador sea enjuiciado internacionalmente en el futuro, pues el país es signatario del Estatuto de Roma. A este respecto, resulta injustificable que aún no se haya ratificado el Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura de las Naciones Unidas. La ratificación es urgente precisamente para dar garantías de que no se permitirán abusos.

Además, es necesario señalar que la comparación entre los asesinatos de policías y las ejecuciones extrajudiciales es desleal con la justicia. Ambos son crímenes y ambos deben ser juzgados con la misma dureza. El asesinato de un agente merece una condena superior al delito de homicidio agravado. Atentar contra la vida de la autoridad responsable de la convivencia pacífica, la prevención y la persecución del delito es un crimen muy grave. Y eso tienen que saberlo los delincuentes. Pero también que un policía asesine a sangre fría es un crimen más grave que el homicidio común, y debe ser sancionado como tal. En vez de defender a los miembros de la PNC en sus posibles abusos, hablando de guerra e incitando a la represión violenta, las autoridades deben pagarles mejores salarios y establecer una política clara que los proteja.

Defender a nuestros policías es indispensable para el desarrollo de la legalidad. A la vez, es apremiante que los instrumentos de control interno sean eficaces para evitar que la Policía, una institución fruto de los Acuerdos de Paz, se desnaturalice. Permitir que continúen dándose ejecuciones extrajudiciales no hará más que llevarnos a una espiral de violencia profundamente dañina y a una mayor desintegración del tejido social.