UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores


Año 17
número 755

abril 30
1997
ISSN 0259-9864

Demagogos de la vida
Impacto social y ecológico de la construcción de represas en El Salvador
Sobre la necesidad de disentir
Los habitantes de los ex bolsones y las leyes forestales de Honduras

Derechos humanos y acuerdos de paz en guatemala
Migración y derechos humanos (I)




Demagogos de la vida

    Siempre hemos estado a favor de la vida, entre otras cosas, porque sabemos sobre la muerte, en particular sobre el asesinato de inocentes; pero eso no significa que debamos aceptar a los demagogos de la vida, surgidos al calor del debate sobre el estatuto del aborto en el Código Penal. Demagogos porque no están a favor de la vida, porque no tienen solvencia moral para defenderla y porque sus intereses son eminentemente electorales.
    La no penalización del aborto en caso de violación, por razones terapéuticas, eugenésicas y por amenazar las condiciones psíquicas y físicas de la madre fue propuesta en el anteproyecto del Código Penal, presentado a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Justicia, en nombre del Presidente de la República. Por lo tanto, solamente el Presidente Calderón es responsable directo del estatuto que tiene el aborto en dicho anteproyecto de ley. Es el mismo Presidente Calderón quien, en otras ocasiones, se ha pronunciado a favor de la vida. Si había razones éticas y religiosas para rechazar ese estatuto, el poder ejecutivo debió haber corregido el anteproyecto antes de presentarlo en la Asamblea Legislativa.
    Las protestas airadas del Ministro de Salud carecen de sentido, pues éstas debió haberlas ventilado con la misma vehemencia en el seno del gabinete ¿o es que éste desconoce iniciativas de ley tan importantes como el anteproyecto del Código Penal?. Las posturas de los diputados de ARENA son tan incongruentes como las de su Presidente honorario, puesto que éste hizo la propuesta como jefe del poder ejecutivo. Probablemente, la dirección del partido tampoco se ocupa de las implicaciones éticas de las políticas de su gobierno. Llama poderosamente la atención que en las áreas económica y social no defiendan la vida con tanto ardor.
    Es cierto que la propuesta sobre el aborto, al igual que el resto del Código Penal, fue redactada por expertos extranjeros, financiados con cientos de miles de dólares de la AID; pero el Ministerio de Justicia, actuando en nombre del Presidente de la República, la hizo suya y la presentó como iniciativa del poder ejecutivo. No sería extraño que existieran presiones de factura estadounidense que quisieran imponer un determinado Código Penal, pero el Ministerio de Justicia tiene, suponemos, capacidad para decidir qué conviene y qué no conviene para reformar el sistema judicial del país. La colaboración de los expertos extranjeros, y en particular de Estados Unidos, bien puede formar parte del movimiento

aperturista en el cual el gobierno actual ha embarcado a El Salvador.
    Quienes hoy alegan defender la vida desde su concepción y quienes aseguran estar comprometidos con ella son los mismos que hace tan sólo unos pocos meses aprobaron la pena de muerte, en primera instancia. A la vista de los resultados electorales, tendrán que desistir, porque ya no cuentan con los votos necesarios para aprobarla en segunda instancia. No se puede decir sí a la vida, promoviéndola desde su concepción, pero quitándola con la pena de muerte. Si la vida es un valor absoluto en su comienzo, también lo es en su final. Quienes ahora se presentan como los abanderados de la vida son los mismos que aparecen implicados en todos los informes de Naciones Unidas en la organización y el financiamiento de los escuadrones de la muerte. Son los mismos que defendieron y encubrieron las desapariciones forzadas de miles de salvadoreños. Los que defendieron bombardeos y masacres, donde murieron miles de niños, mujeres y ancianos. Son los mismos que están vinculados a los asesinatos de Mons. Romero y de los jesuitas de la UCA. ARENA carece, pues, de la solvencia histórica y moral necesarias para defender la vida, al menos mientras no confiese públicamente sus asesinatos y pida perdón.
    En el plano personal, la biografía de quienes ahora se presentan como defensores acérrimos de la vida tampoco es ejemplar. Dicen defender la vida desde su concepción, pero una vez dada a luz no asumen responsablemente su paternidad, se despreocupan por los miles de niños que llenan las calles de las ciudades, se escandalizan farisaicamente por la prostitución infantil, desconocen el tráfico de niños y la drogadicción infantil, se olvidan del abandono en el que miles de salvadoreños y salvadoreñas terminan su vida en asilos y de las miserables cuotas de jubilación que da el seguro social.
    La postura de ARENA sobre el aborto no puede ser calificada sino de demagogia. Se ha apropiado de esta bandera porque descubrió su potencial movilizador -sobre todo en las clases medias y alta, en particular entre los estudiantes de los colegios católicos de educación media- y no porque sea un convencido de la vida o porque haya sido su defensor cuando las víctimas inocentes se contaban por decenas de miles. Tampoco ha perseguido el aborto clandestino, teniendo poder para ello, quizás porque considera conveniente cierto grado de tolerancia, pero sobre todo porque teme tocar los intereses económicos de quienes se benefician de esta actividad ilegal. Asimismo, desconoce la elevada cantidad de mujeres que ingresa a las emergencias de los hospitales con sus órganos reproductores

destrozados a consecuencia de practicantes empíricos del aborto.
    Ni siquiera tiene un mínimo de vergüenza para ocultar que su interés en la polémica es únicamente electoral. Si hubiese calculado mejor el potencial movilizador del tema y si sus encuestas electorales le hubiesen reflejado fielmente el sentir de la opinión pública, sin ninguna duda, hubiese introducido el tema en la campaña electoral, al igual que lo hizo con otros temas tan importantes como la verdad sobre la guerra y sus víctimas, de quienes hizo burla y escarnio. El partido de derecha, en cuanto demagogo de la vida, en realidad, es promotor de la muerte.


Reformas constitucionales: "de las carreras no queda sino el cansancio"

    Tras la culminación del intenso proceso electoral, numerosas e intempestivas reformas constitucionales acaparan la atención del quehacer político salvadoreño. Como se había observado anteriormente (ver Proceso, 754), la discusión en torno a las reformas constitucionales se originó, la segunda semana de abril, cuando el FMLN dio a conocer las primeras propuestas destinadas a modificar el sistema financiero y el Código Electoral.
    La reunión entre los dirigentes de dicho partido y el Presidente Armando Calderón Sol _en la cual se expusieron las propuestas de reformas del FMLN_ desencadenó, entre los distintos grupos políticos, una serie de debates que tenían por objeto definir la futura configuración de la Constitución de la República. Los temas que se tocaron fueron muchos y variados, desde los más relevantes, como la aprobación del Código Penal, hasta los menos mencionados, como la aprobación del Código de Justicia Militar y Ordenanza del Ejercito; pasando por la petición del respeto a la vida desde el momento de la concepción, reformas en materia ambiental, la imprescriptibilidad de la desaparición forzosa de personas, entre otros.
    Según una versión periodística, publicada en uno de los rotativos matutinos del país, son 65 los artículos de la Constitución de la República que pretenden ser reformados; 24 de éstos a solicitud del FMLN, 20 a petición de ARENA y los 21 restantes sugeridos por distintas instituciones, entre las que se encuentran el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos (CODEFAM) y el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato (PUNTO).
    La pregunta obvia que salta ante tal avalancha reformadora es ¿por qué dar inicio a un proyecto tan delicado faltando tan pocos días para la finalización del período operativo de la actual Asamblea Legislativa? El que 65 artículos estén por modificarse significa que una cuarta parte de la Constitución se encuentra a punto de ser reformada; ahora bien, si las leyes son, dentro de un sistema democrático, el pilar por excelencia de la estructura social, el que los partidos políticos y otros sectores de la sociedad decidan impulsar, contra reloj, reformas al cuerpo constitucional resulta francamente desesperanzador. En primer lugar, porque pone de manifiesto la ineficacia, lentitud y falta de voluntad política de un sistema que, teniendo tres años para cumplir a cabalidad su gestión, deja para último momento una reestructuración legal

cuya envergadura exigiría un estudio serio y concienzudo que garantice que las reformas se llevarán a cabo con el único propósito de mejorar la Constitución y hacerla más acorde a las necesidades actuales. En segundo lugar, porque da pie para suponer que ese pilar en el que la sociedad se fundamenta -o pretende fundamentarse- no sólo no es tan sólido como podría pensarse, sino que está aún muy lejos de llegar a serlo.
     La lluvia de reformas que en los últimos días ha acaparado la discusión en materia política y ha inundado los escritorios de los diputados a punto de deponer sus cargos, se asemeja más a una carrera de caballos que a una serie de reformas que pretendan con seriedad mejorar el cuerpo legislativo salvadoreño. En lugar de ponerse de acuerdo para pensar con detenimiento en las deficiencias de la Constitución y en sus posibles correcciones, los distintos sectores políticos y civiles parecieron haber atendido más a una especie de "feria de las reformas", en la cual cualquier petición es aceptada si cumple el único requisito de presentarse, a lo sumo, una semana antes de finalizada la gestión de la Asamblea Legislativa.
    La serie de reformas que con tanta premura se encuentran estudiando nuestros _ahora atareados_ diputados son, más que un conjunto sistematizado de propuestas provenientes de los partidos políticos y de los distintos sectores sociales, un conglomerado de esfuerzos particulares _si se quiere bien intencionados- que aisladamente pretenden dejar huella en el trabajo legislativo que finaliza.
    Independientemente de si esta carrera de reformas podría llegar a traer algo positivo, el hecho de que nuestra incipiente democracia admita tal intempestividad en la modificación de aquello que constituye su esencia, es en sí mismo más que desalentador. Significa entonces que las leyes de nuestro país son moldeables al antojo y al ritmo de los actores políticos y sociales y que, por consiguiente, más que ser una estructura rígida que soporta el peso del dinamismo social, es una cuerda laxa que se mueve al vaivén de los caprichos y los intereses de aquellos.
    Pero como si con lo anterior no fuera suficiente, a esa presurosa marcha de reformas se añade la cínica pretensión-alimentada en cierta medida por los medios- de resaltar su carácter "consensuado". ARENA y el FMLN parecen coincidir en varios de los aspectos referentes a las reformas. Habría que ver que tanto de ese espíritu conciliador se mantendrá cuando los partidos mayoritarios se vean obligados a negociar problemas distintos a la periodicidad de los comicios o a la despartidización del Tribunal

Supremo Electoral, como, por ejemplo, el de la privatización.
    De leyes aprobadas apresuradamente el país tiene la reciente experiencia de la Ley Transitoria contra la Delincuencia. No hace mucho -y como se esperaba desde el primer momento- las inconsistencias de dicha ley salieron a la luz pública: a siete de sus artículos se les comprobó erores de inconstitucionalidad. ¿Qué se puede esperar entonces de las reformas ahora discutidas si los artículos que demandan modificación corresponden a la cuarta parte de la Constitución y exigen obtener respuesta en un lapso de tiempo menor que el que tuvo la anterior?     Pese a los aires optimistas que soplaban tras el 16 de marzo, los partidos políticos mayoritarios, seguidos de cerca por ciertos sectores de la sociedad civil, decidieron apostar, a última hora, a una nueva Constitución de la República aprobada en un par días, no sólo llevándolo a cabo con la mayor naturalidad posible, sino haciendo gala de estar realizando un arduo y buen trabajo basado en la concertación. Según esta cuestionable actitud, debemos creer, entonces, que lo que se está haciendo con la Constitución no sólo es normal y no debe ser motivo de sorpresa, sino que está bien hecho porque quiere decir que el camino hacia las formas consensuadas de decidir los destinos del país está abierto. Ante tan descarada postura hay que afirmar que así como no es posible asumir con naturalidad que la cuarta parte de la Carta Magna quiera ser modificada en cuestión de horas, así tampoco ese acto repentino y acelerado puede dar esperanzas de que nuestra sociedad esté encaminándose hacia la concertación. Resulta pertinente recordar a todos los actores políticos y sociales involucrados en esta "feria de las reformas" que -como reza el viejo adagio popular- de las carreras no queda sino el cansancio. El peligro radica en que con ese cansancio no cargarán sólo los diputados salientes, sino también El Salvador en general.



Impacto social y ecológico de la construcción de represas en El Salvador

    A pocos días de haberse anunciado la privatización de las empresas distribuidoras de energía, comienzan a conocerse algunos detalles de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica que revelan la verdadera intencionalidad de este proyecto, especialmente en lo que respecta a la forma concentrada en que se distribuirán sus beneficios.
    De acuerdo al artículo 12 de la citada ley, se establece que "los recursos que se generen por la venta de las acciones de las sociedades distribuidoras deberán ser utilizados por CEL [Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa] exclusivamente en el desarrollo de infraestructura para generación de energía eléctrica por medio de recursos naturales". Según el Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, la intención de la institución es ampliar la capacidad de las centrales Cerrón Grande y 5 de Noviembre y construir cinco proyectos hidroeléctricos más en el cauce del río Lempa.
    Esta disposición, ciertamente, cuestiona la supuesta inversión en proyectos de beneficio social que posibilitaría la privatización de las empresas estatales. Esto se ha registrado ya en el pasado, pues las privatizaciones realizadas no se han traducido en incrementos apreciables del gasto social. Sin embargo, es importante reseñar algunos de los efectos de la construcción de represas en el país y las posibles implicaciones de un plan de expansión de la energía hidroeléctrica tal como el planteado por CEL.
    Históricamente puede demostrarse que los menos beneficiados con la construcción de las represas y la generación de la electricidad han sido los sectores mayoritarios del país. Así, es de mencionar que los embalses asociados con las represas han implicado pérdida de recursos naturales e infraestructura, desplazamientos poblaciones y destrucción del hábitat; todo ello sin que siquiera se lograra incrementar el uso de la electricidad en el sector rural.
    El caso más polémico lo constituye la construcción de la represa del Cerrón Grande, la cual en principio fue diseñada con la clara intencionalidad de generación eléctrica, pero también se le atribuyeron supuestos beneficios de prevención de inundaciones en la zona baja del río Lempa. Debido a que con la construcción de la mencionada represa se estimaba que se formaría un embalse que cubriría una extensión de más de 140 kilómetros cuadrados, suficiente para ser considerado como el cuerpo de agua más extenso

del país, el proyecto ha estado desde el principio rodeado de la polémica. Evidentemente, los habitantes de la zona a ser inundada se opusieron desde el principio al proyecto, obligando primero a posponerlo y luego a la adopción de planes de reubicación de la población que no alteraron los efectos negativos del proyecto sobre los desplazados.
    La creación del embalse provocó pérdidas de tierras productivas, de carreteras, puentes, un ingenio azucarero, vestigios arqueológicos y el desplazamiento de más de 25,000 habitantes de la zona. Probablemente, lo más cuestionable es que en la actualidad esta represa, lejos de prevenir las inundaciones, se ha convertido en un catalizador de ellas debido a las descargas de agua que desde la misma y desde otras tres se realizan. La problemática de las inundaciones afecta gravemente a otros grupos poblacionales rurales asentados en ambas riberas de la parte baja del Lempa. Paradójicamente, toda el agua que se libera durante el invierno ha provocado ya que en épocas de sequía no se cuente con volúmenes adecuados de agua y se proceda a implementar drásticos racionamientos energéticos, tal como ha sucedido en 1987 y 1991, por ejemplo.
    Los principales beneficiados de la construcción de las represas han sido, sin lugar a dudas, los sectores urbanos-industriales, pues para los sectores urbano-artesanales fue todo lo contrario. La ampliación de la generación eléctrica a principios de la década de 1950 dio paso al surgimiento de grandes empresas de zapatos, textiles, café soluble, velas y otros productos que entraron en competencia desigual con la producción artesanal. Estudios sobre la utilización de la energía eléctrica revelan que los kilowatt hora utilizados en la elaboración de los productos se elevaron dramáticamente durante esa época y paulatinamente provocaron una drástica reducción de la producción artesanal.
    El balance histórico de la construcción de las represas resulta negativo no sólo por los efectos mencionados, sino también porque el manejo de las tierras aledañas a los embalses ha provocado azolvamiento prematuro de las mismas y reducción de la vida útil de la represas. Es decir que las grandes inversiones realizadas en estos proyectos únicamente han beneficiado a sectores minoritarios, aun a costa del sacrificio de sectores rurales y urbano-artesanales, así como de apreciables incrementos de la deuda externa, pues las represas fueron construidas, fundamentalmente, a partir de empréstitos del Banco Mundial.
    Actualmente, no se considera contraer nuevas deudas para la construcción de las represas, pero los efectos experimentados en el

pasado deberían, cuando menos, promover una revisión de los proyectos para que se eviten cometer los mismos errores del pasado. Evidentemente, ello pasa por la adopción de un marco institucional y legal que promueva la protección ambiental, pero también pueden contemplarse algunos objetivos relacionados con el mejoramiento de las condiciones económico-sociales en el agro.
    Suponiendo la inevitabilidad de la construcción de las represas, podrían señalarse, cuando menos, cuatro diferentes líneas de acción: promoción del uso sostenible de las tierras aledañas a los embalses, expansión de la oferta energética en el sector rural, construcción de pequeñas obras de riego y control efectivo de las inundaciones en la parte baja del Lempa. Como se señaló arriba, la erosión de las tierras aledañas a los embalses ha contribuido a acelerar su azolvamiento; por ello se impone la adopción de planes de manejo cuya implementación debería ser promovida por la misma CEL. Por otra parte, la expansión de la oferta energética en el sector rural supondría un mejoramiento de las condiciones de vida y al mismo tiempo abriría las posibilidades de modernizar muchos procesos agropecuarios y, por ende, incrementar la productividad.
    El diseño de las represas podría permitir también crear un sistema de riego destinado a abastecer a los agricultores aledaños al proyecto hidroeléctrico; en el caso de El Salvador ello podría favorecer inclusive los planes gubernamentales de expandir los sistemas de irrigación. Sin embargo, uno de los problemas más graves que debería solucionarse con la construcción de represas son las recurrentes inundaciones de la zona baja; si en el pasado esto no pudo lograrse, este es un momento propicio para retomarlo como uno de los objetivos de la ampliación de la infraestructura hidroeléctrica del Lempa.
    Cabe mencionar en este punto que en algunos países la construcción de represas ha sido concebida como un punto de partida para impulsar auténticos procesos de recuperación ambiental, manejo sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los agricultores. Para ello la construcción de represas ha sido acompañada de campañas de mejoramiento de técnicas agropecuarias, distribución de abonos, campañas de salud e introducción masiva de la electricidad en el agro.
    La propuesta de CEL de construir cinco nuevas represas hidroeléctricas debería llamar a la reflexión debido a que podría implicar que los recursos de la privatización se inviertan en beneficio de unos pocos sectores (los nuevos

propietarios de las distribuidoras eléctricas, los industriales y algunos sectores domiciliares urbanos), mientras que los mayores costos de la construcción de las represas y de la creación de embalses serían trasladados a los sectores rurales tradicionalmente excluidos de los beneficios de la expansión de la capacidad energética.



Sobre la necesidad de disentir

    En el siglo II a.C. los estoicos pretendía probar la existencia del Logos, identificado con un dios de corte panteísta, a través del argumento del consentimiento universal. Este argumento afirmaba que la existencia de un dios todo razón y todo orden, que transfundía la naturaleza, era posible de probar constatando que los ciudadanos del pueblo griego y de otros pueblos poseían un consenso en la idea de un dios de este tipo; es decir, si todos los pueblos conocidos por la cultura griega coincidían en afirmar que debía existir un Logos Universal, ergo éste existía.
    La debilidad de este argumento se encargaron de mostrarla pensadores posteriores a los estoicos; Carnéades (214-137 a.C.), un escéptico, dio un golpe mortal a tal argumento demostrando que no existía un consentimiento fáctico sobre la existencia de un dios de corte estoico (no todos los pueblos convergían en tal idea) y, aunque tal consentimiento se diera realmente, ello no probaba nada: la pretensión de encontrar un criterio de verdad en la opinión generalizada de un asunto se mostró como una falacia. Podían estar en acuerdo diez o cien mil personas en que una realidad era tal, sin que por ello no se despejara la posibilidad del error y la ilusión en la apreciación.
    Aunque en filosofía los discursos de este tipo empezaron a ser superados desde antes del cristianismo, en la vida social, en donde llegan las afirmaciones filosóficas pero no sus argumentaciones y contra argumentaciones, continúan teniendo cierta vigencia. No es nada extraño que pueblos enteros tengan la pretensión de basarse en su consentimiento general sobre un asunto para de ello afirmar que éste posee validez ética y racional. Lo que conlleva, como contrapartida, que cualquier otra opinión diferente o en contra de lo que se afirma en el consentimiento universal sea tildada socialmente de irrelevante, antiética o irracional. De este modo, la cualificación ética y racional de una realidad deja de descansar en sí misma, en sus dimensiones y consecuencias, y se traslada a lo que la vox populi (o una parte de esta) considera o cree que es lo moralmente correcto.
    Si para la salud de una sociedad ya es grave que sus asuntos se discutan y se practiquen en concordancia con lo que para todos o casi todos aparece como racional y éticamente aceptable, es más grave aún que este consentimiento universal sea manejado por fuerzas al interior de la sociedad con el objetivo de beneficiarse a sí mismas y hacer valer sus propios intereses, sean

éstos políticos, económicos, religiosos o de la índole que se quiera. En esta lógica, la simple creencia u opinión ( doxa dirían los griegos), que ahora es dogma de fe inescapable, pasa a regir la vida social y política de una nación para beneficio de unos pocos y no de muchos. Lamentablemente, por lo general la irracionalidad y falta de criticidad ética de este tipo de situaciones sólo se manifiesta a posteriori, cuando ya las consecuencias de la actuación social basadas en meras suposiciones es difícilmente reversible en costos humanos.
    En nuestro contexto, un ejemplo claro de lo anterior se dio con la reintroducción de la pena capital en la constitución. En la generación del consentimiento general que veía como correcta y adecuada tal medida fueron claves dos elementos: la agudización del problema delincuencial y la tendencia de los medios de comunicación a seguir una línea acrítica con respecto a las soluciones y alternativas que frente a él se planteaban. Las voces que sugerían un análisis más sereno y consecuente con las causas de la delincuencia fueron rápidamente descartadas o cobraron un carácter marginal dentro de la discusión pública. La opinión general _apoyada sin recato por el partido en el gobierno_ proclamaba que: o se estaba en contra la delincuencia, lo que significaba apoyar la pena de muerte, o se estaba a su favor. Según esta lógica, cualquiera que hubiera pretendido sugerir que la instauración de la pena capital entraba en contradicción con la razón y la ética más simples, estaba afirmando a la vez que los delincuentes debían ser defendidos y que la delincuencia debía ser tolerada.
    Fue así como la argumentación del consentimiento general se impuso: si la aprobación de la pena capital era aquello en lo que coincidían la mayoría de los actores sociales (individuos e instituciones), entonces su realización práctica se encontraba ya fuera de toda valoración racional y ética. Que en ello estuvieran primando los intereses de un partido político por acaparar para sí tal irracionalidad con fines electorales no desvirtuó la argumentación.
    Un segundo ejemplo puede encontrarse en uno de lo más debatidos y controversiales temas de la actualidad: la penalización del aborto. No se trata de afirmar que, porque haya habido un consentimiento aparentemente general en torno a su penalización, los argumentos en contra del aborto padezcan per se de la irracionalidad o falta de ética que caracterizaron a los que se utilizaron para aprobar la pena de muerte; se trata de señalar que, porque dicho consentimiento existió, se tendió a soslayar un análisis más crítico, objetivo y serio del problema. En el caso del aborto, las pocas voces que disintieron no

sólo fueron las menos, sino que, además, sobre ellas recayó una condena oficial casi inmediata.
    Que ello haya sucedido así ya es digno de preocupación, pero que se dé en un contexto en el que se están pretendiendo inyectar los valores de una democracia lo es aún más. Cualquiera que pretenda convivir en un ambiente de mínima democracia debe aceptar la tolerancia a opiniones diferentes a las establecidas, de lo contrario la pluralidad de opiniones se pervierte en unificación forzada de criterios. Restringir la posibilidad de disentir a las áreas en las que el Estado u otras instituciones sociales se sienten cómodos o no ponen en juego sus intereses y creencias, es socavar la vitalidad y el dinamismo de una sociedad, en especial si ella se denomina a sí misma democrática.
    Tanto en el caso de la pena muerte como en el del aborto la balanza se inclinó más por el consentimiento general que por el disentimiento, por la aceptación acrítica de ideas preconcebidas que por un estudio racional de las consecuencias sociales que la aprobación de ambas implicaría. Ante estos hechos, es necesario recalcar que mucho de la salud de nuestra sociedad depende del abandono de la mentalidad que ve en el disentir una forma de provocación inútil y herética, y no una manera de aportar racionalidad a los proceso sociales. Tanto más necesarias son las voces críticas cuanto más siga siendo utilizado el consentimiento general para debilitar los valores que sostienen a la democracia.     



Los habitantes de los ex bolsones y las leyes forestales de Honduras

    Una vez más el tema de los salvadoreños residentes en la zona de los ex bolsones se convierte en noticia. Entre el 1 y el 11 de abril, cinco salvadoreños fueron arrestados bajo la acusación de tala de árboles y de presunto intento de transportar madera desde Honduras a El Salvador sin la autorización respectiva.
     Los problemas en la frontera honduro-salvadoreña no son nuevos; empero, aunque en cada situación los ha habido con diferentes matices, la constante parece ser la predisposición a enfrentarse de la que hacen gala los pobladores salvadoreños de las antiguas zonas de litigio y las autoridades hondureñas. Recuérdese, por ejemplo, que en febrero pasado la situación en la frontera se tornó preocupante por el cierre de la misma para el paso de camiones que transportaban madera hacia El Salvador y ello incluso pareció ser el inicio de un conflicto entre ambas naciones.
    Las capturas de salvadoreños en la zona fronteriza de Nahuaterique ocuparon rápidamente la atención de los medios de comunicación en nuestro país; éstos -al tiempo que daban cobertura a la noticia- insinuaron que aquellas podrían convertirse en un obstáculo para las conversaciones entre las comisiones binacionales. Así, en La Prensa Gráfica se sostuvo lo siguiente: "la captura de los salvadoreños ocurre a tan sólo dos horas de que las comisiones de seguimiento de ambos países reanuden las conversaciones en busca de acuerdo definitivo para la explotación de madera en la zona". ¿Pesimismo o falta de tacto? Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que una afirmación como la efectuada no aporta nuevos datos ni permite visualizar la dimensión de la problemática de los pobladores de los ex bolsones.
    Al revisar otras notas de la prensa nacional se percibe en ellas una lectura de los sucesos fronterizos como una nueva crisis en la frontera Honduro-Salvadoreña, en la cual Honduras estaría dando muestras de una actitud más bien hostil hacia los ciudadanos salvadoreños residentes en la zona de Nahuaterique. Esta posición de algunos sectores de la prensa de nuestro país lo único que hace es exacerbar los ánimos y entorpecer el futuro de las relaciones entre ambos países, de las cuales depende en buena medida la integración de ciudadanos salvadoreños al territorio hondureño.
    No se debe perder de vista que, en las zonas fronterizas, existe una problemática de tipo legal que no puede ser resuelta por simple voluntad. El fallo de la Corte Internacional de

Justicia de la Haya replanteó no sólo la distribución geográfica, sino también la forma de producción de los habitantes de estas zonas, como resultado de lo cual éstos tienen que insertarse en un nuevo ordenamiento jurídico. Los pobladores salvadoreños en honduras, pese a todo lo que se pueda argumentar a su favor, están en la obligación de acatar las leyes del país en el cual les ha tocado habitar.
    En este marco hay que considerar, primero, que no se puede obviar que la zona de la cual se está extrayendo madera pertenece a territorio hondureño y que el mismo tiene un ordenamiento jurídico que regula esa actividad. Este marco es la legislación forestal hondureña de 1947, la cual establece que los bosques son propiedad del Estado, aunque estén en propiedades privadas y, por lo tanto, su explotación debe ser avalada por las autoridades. Dicho esto, si los habitantes salvadoreños de los ex bolsones talan árboles sin los permisos debidos, es indudable que violan la ley. Y ello, en consecuencia, los pone en la mira de los mecanismos cohercitivos y de penalización establecidos para ese delito en Honduras.
    Ciertamente, es importante resolver la disyuntiva entre lo que establece la ley y las necesidades de sobrevivivencia de los pobladores salvadoreños. El problema, como se ha señalado, es esencialmente legal y es en este sentido que deberá resolverse. El respeto a la legislación hondureña es importante para superar situaciones difíciles como la que se comenta, al igual que lo es la asesoría, en materia legal, a los habitantes salvadoreños de los ex bolsones para que estos puedan hacer frente a las exigencias y necesidades que les plantean su integración a una sociedad que no es la suya. La protección del medio ambiente y de los recursos forestales es algo en sí mismo legítimo, aunque ello sea contrario a las posibilidades de desarrollo y de inserción de los ciudadanos salvadoreños en los ex bolsones. Se trata, entonces, de diseñar mecanismos alternativos de desarrollo para estos habitantes, de modo tal que sus esfuerzos por sobrevivir no los lleven a deteriorar los recursos naturales y a violentar, así, las leyes de Honduras.



Derechos humanos y acuerdos de paz en guatemala

    Los acuerdos de paz, firmados el 29 de diciembre de 1996 en Guatemala, son importantes como plataforma para solucionar los problemas históricos de dicho país. El proceso de paz guatemalteco plantea una serie de exigencias básicas para la existencia del ser humano, la dignidad de la persona, su promoción humana, desarrollo integral, derecho a la vida, alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, y participación en las decisiones que inciden en el destino de la nación.
    El largo enfrentamiento armado de 36 años finaliza con la espera de la transformación de la sociedad; esto es, la construcción de una democracia plena que contribuya a la justicia y al bienestar social. Estas aspiraciones y principios de justicia social, bienestar y desarrollo para las grandes mayorías son de gran actualidad, sobre todo porque forman parte de las condiciones necesarias para el proyecto de paz. Es indudable que estos acuerdos sintetizan una parte de la historia conflictiva reciente, así como los planteamientos para un proceso de pacificación que permitan alcanzar una verdadera transformación social. Esto significa, al mismo tiempo, un serio compromiso con los derechos humanos, así como con la profundización de la democracia.
    Los acuerdos negociados con anterioridad al día de la firma de la paz cubren un período que duró seis años; entre ellos hubo dos que destacan por su importancia: primero, el de mayo de 1996, que lleva por título "Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria", y en el que se plantea un camino de modernización y equidad para el desarrollo y la transformación del acceso de la población a la satisfacción de las necesidades básicas y a su mejor capacitación humana y que enfrenta el agudo problema de la tenencia de la tierra; y, el segundo, de septiembre de 1996, titulado "Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática".
    Además, el 18 de diciembre de 1996, se aprobó un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, que dejaba entrever cuál sería el camino legal del acuerdo que permitiría la "reinserción" de la URNG a la vida civil al tiempo que reconocía el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de otros crímenes a ser resarcidas por el Estado guatemalteco. La ley de reconciliación apuntaba tambien a la necesidad de investigar los crímenes cometidos durante la guerra por ambos bandos y a publicar los

resultados de esas pesquisas.
    Cabe recordar que en los Acuerdos las masacres y la ejecución extrajudicial no están calificados como crímenes de lesa humanidad y/o no prescriptibles y que el proceso de paz y su ejercicio de perdón no ignora ni evita la justicia. Aún siguen apareciendo cementerios clandestinos que están siendo investigados por antropólogos y organismos de derechos humanos para esclarecer la idendidad de las víctimas y los victimarios, pero los principales responsables de la mayoría de crímenes masivos que requieren procesos de justicia aun quedan impunes. Recientemente, el Equipo de Antropología Forense de Guatemala inició las excavaciones en una fosa común en busca de las osamentas de unos 300 campesinos supuestamente asesinados entre 1981 y 1982. Las excavaciones son realizadas en el piso de una iglesia católica situada en San Andrés Sajcabaj, en el departamento del Quiché.
    En ese contexto, es válido preguntarse: ¿es segura la paz? ¿Qué puede esperarse que ocurra en la transición con estos asesinatos colectivos todavía impunes? No cabe duda de que para que las expectativas populares sobre la paz no sean una vana ilusión hace falta superar grandes dificultades y retos.
    Hace tres meses gran parte de la población esperaba con optimismo que hubiera cambios beneficiosos en la seguridad y en la economía de Guatemala, pero durante este período la población ha sido afectada por la continuidad de las violaciones a sus derechos más elementales, y ello en un ambiente hostil marcado por la violencia estatal. Por otro lado, la economía familiar experimenta los efectos de una crisis no solucionable a corto plazo. Asimismo, el sistema judicial adolece de severas limitaciones materiales y humanas que lo vuelven incapaz de combatir al crimen organizado, favorecido por la corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas. La sociedad civil deberá, pues, buscar nuevas formas y mecanismos para hacer viable la seguridad ciudadana y el Estado deberá asumir los principios constitucionales de garantizar la vida de todos los miembros de la sociedad.     




Publicamos la primera parte de la intervención del director del IDHUCA el pasado 29 de abril, durante la inauguración de la "Mesa permanente de trabajo sobre migrantes y personas desarraigadas", a iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Migración y derechos humanos (I)

Introducción
    Asomarse al mundo de las personas que han abandonado su tierra por razones políticas o económicas, irremediablemente nos ubica ante un drama de incalculables y dolorosas facetas. Destacan, entre ellas, las causas que originan el desplazamiento siempre forzado --aunque a veces no lo parezca-- así como el trayecto inseguro y traumático hacia un imaginario "mejor sitio donde vivir". Junto a las anteriores, también encontramos otras manifestaciones de la problemática: desintegración de las familias y enormes dificultades para la reconstrucción de los espacios vitales, al estar en el medio de realidades que --por lo general-- resultan ser nuevas, diferentes y adversas; las indignas condiciones de trabajo en las que se desenvuelven quienes están en un país extraño y sin documentos que los amparen; el maltrato, la discriminación y la permanente amenaza de la deportación o la denigrante consumación de la misma.
    Cotidianamente, muchas y muchos de nuestros compatriotas padecen las graves consecuencias de todas esas situaciones; es más, de diversas formas, la sociedad salvadoreña entera también ha sufrido por ellas. Sin embargo, a pesar de eso, todavía nos encontramos muy lejos de lograr que dicho cuadro impacte lo suficiente nuestra conciencia y se convierta, de verdad, en una prioridad dentro de la agenda nacional. Por ello, esta iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) --con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-- es sumamente acertada y muy oportuna.
    De concretarse más allá del acto formal en el que ahora participamos, estaremos situados dentro de un espacio real para la reflexión y la acción en favor de las personas que --en el exterior-- resultan ser víctimas de la violación a muchos de sus derechos fundamentales. Son ellas las salvadoreñas y los salvadoreños cuya situación de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de las niñas y los niños, nos exige pensar y actuar de manera seria y eficaz para transformarla positivamente.
    Si --como esperamos-- esta "Mesa

permanente de trabajo sobre migrantes y personas desarraigadas" logra promover con fuerza la adopción de medidas adecuadas en tal sentido, la PDDH seguirá dando muestras reales de su compromiso con la vigencia irrestricta de los derechos humanos de todas y todos los salvadoreños. Por eso --a nombre del IDHUCA-- agradecemos a la institución el habernos tomado en cuenta, la felicitamos por su iniciativa y nos comprometemos a brindarle nuestro apoyo incondicional para que esta empresa resulte exitosa.

1. Sobre los países de "tránsito"
    Con el propósito de alcanzar el territorio estadounidense --a pesar de todo, siempre atractivo para quienes no encuentran oportunidad de un desarrollo digno dentro del país-- desde hace ya bastante tiempo cientos de miles de salvadoreñas y salvadoreños han recorrido Guatemala y México, de sur a norte, sorteando innumerables obstáculos. Pero también es mucha la gente que nunca llegó a su meta y se regresó, la que llegó y la regresaron o la que se fue quedando en el camino de ida o de vuelta, instalándose sobre todo en el último de los países mencionados. Por ser mucho menos conocida la realidad de nuestras y nuestros compatriotas en suelo mexicano, cabe detenernos un momento en este punto.
    A finales de la década anterior, según el ACNUR, en ese territorio se encontraban entre 350 y 400 mil personas de diversas nacionalidades buscando obtener cierto grado de seguridad personal y económica. En su mayoría --dicho en las palabras del Alto Comisionado-- eran "extranjeros centroamericanos indocumentados", casi todos provenientes de tierras guatemaltecas y salvadoreñas. Las cifras hablan por sí mismas: de ese universo, únicamente 53 mil personas estaban reconocidas como "refugiadas" y, por ende, sólo cerca del 13 por ciento recibía algún tipo de apoyo del ACNUR. De tan pequeño porcentaje de "reconocidos" --como se llamaban entre ellas y ellos-- 43 mil eran indígenas de Guatemala que se encontraban en campamentos repartidos en tres provincias mexicanas: Quintana Roo, Campeche y Chiapas.
    Además de vivir en condiciones precarias, a pesar de la ayuda recibida, esta población también sufría por la separación de su ancestral "Madre Tierra". Las otras 10 mil personas con estatuto de "refugiadas" no estaban en una mejor situación, en el marco de un México cada vez más crítico incluso hasta para su misma gente. Buena parte del resto --más de 300 mil personas-- deambulaba principalmente por el Distrito Federal y sus alrededores buscando de qué vivir, sin mayores

razones para creer en algo y para tener esperanza.
    ¿Qué caracterizaba la realidad de toda esta gente? Veamos lo más importante: la dependencia de la solidaridad del pueblo mexicano, al momento de su llegada; la ilegalidad en que se vivía; la necesidad de trabajar "en lo que sea" o "de lo que sea", al encontrarse instalada en medio de una creciente crisis económica y tener un bajo o nulo nivel de cualificación profesional o técnica; la exigencia --por parte de las y los empleadores-- de una documentación migratoria en regla que no se tenía, lo que propiciaba mayores abusos como la negativa de acceso a prestaciones sociales, los salarios por debajo del "mínimo", etc. A lo anterior se deben añadir las condiciones de salud, vivienda, alimentación y educación determinadas por tan deplorable estado de cosas y cuyas consecuencias eran muy graves, fundamentalmente para las niñas y los niños. Cabe decir que --según un estudio realizado por instituciones humanitarias de México y El Salvador en esa época-- el 67.22 por ciento de esta población no pasaba de los quince años de edad.
    Hace casi una década --en julio de 1987-- se realizó en ese país el "Encuentro de organizaciones no gubernamentales de ayuda a refugiados centroamericanos". La única institución de éstas que atendía menores de edad originarios de nuestros países, presentó entonces un documento; de él retomamos lo concerniente al perfil psico-social de la niña y el niño refugiado viviendo en México durante esa época. Según el análisis ofrecido, por lo general presentaban "problemas derivados de la formación familiar además de las particularidades de su condición económica". Procedian de familias desintegradas, lo cual no solamente significaba que los cónyuges estaban separados sino que también una parte de los hermanos se encontraban en el país de origen debido a que no pudieron costear su traslado.
    Se agregaba que "la gran mayoría de las familias" tenía a la madre "como único sostén económico"; muchas veces, éstas debían realizar labores que les imposibilitan --por razones de tiempo-- "desempeñar el rol tradicional de madre". La institución humanitaria daba cuenta de "casos bastante frecuentes" en los cuales la niña o el niño quedaban a cargo de la abuela, ya sea porque la madre se encontraba detenida por razones políticas en su país o bien porque estaba trabajando fuera de México. Finalmente, en el documento se sostenía lo siguiente: "Para la mayor parte de las familias está negada la divulgación de su nacionalidad, por problemas supuestos o reales ante la comunidad. Por ejemplo: una señora fue impedida de vender frente

a un Colegio de Bachilleres por otro grupo de mujeres de la comunidad, cuando éstas se enteraron de su procedencia. Los niños están entrenados en una discreción casi policiaca. La inseguridad hace que su interacción en la comunidad sea limitada".
    El artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece --a la letra-- que los Estados Partes "adoptarán las medidas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el Derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados en esta Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean Partes".
    Además, en su segundo párrafo, el mencionado artículo se refiere a la necesidad de "proteger y ayudar" al niño refugiado para procurar, en los casos pertinentes, la reunificación familiar. Pero la vida de las y los niños centroamericanos que tuvieron que crecer en México durante las dos décadas pasadas no estaba a la altura de las aspiraciones plasmadas en ese artículo de la citada Convención. Tampoco a las del resto; entre ellas las relativas a la no discriminación, la preservación de la identidad, la protección contra los abusos, y particularmente aquellas que tenían que ver con las condiciones sociales adecuadas para su desarrollo integral. Esas niñas y niños son, ahora, salvadoreños y salvadoreñas adultas que --retornados al país o viviendo siempre en México-- pueden llevar consigo uan pesada carga de vivencias duras sin haber logrado ni siqueira lo que para algunos podría justificar tanto sacrifio: los dólares que se consiguen más al norte.
    Aquí nos detenemos en lo que toca a la situación de estas y estos migrantes centroamericanos que tuvieron que vivir en condiciones quizás más difíciles que el resto, por no tener acceso a los beneficios reales de una buena seguridad social gratuita y a otros servicios estatales proporcionados en aquellos países que abrieron sus puertas al fenómeno de la violencia generalizada en la región o que --muy a su pesar-- no las pudieron cerrar para evitar esa irrupción humana. Pero antes, debemos referirnos a una situación no abordada y tenemos que dejar planteadas algunas interrogantes.
    Empecemos por lo último: ¿cuántas persona individuales y grupos familiares salvadoreños quedaron en ese país? ¿se habrá modificado el

estado de cosas para ellas? De no ser así, ¿cómo sobreviven ahora que en El Salvador ya no hay guerra y --según muchos-- no se justifica su estancia en México? Finalmente, debemos hacer mención --aunque sea por encima-- de los abusos padecidos por nuestras y nuestros compatriotas que continúan utilizando ese largo corredor para llegar al vecino país del norte; abusos cometidos tanto por los "polleros" o "coyotes" que se contratan con ese objeto, como por las autoridades migratorias que se aprovechan de su calidad para ello.


ANUNCIAN CAMBIOS. Mediante una nota dirigida al personal de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), el Presidente de dicha institución, Juan José Daboub, anunció un cambio en su plan original de privatización. Según la misiva, ANTEL ya no dividirá su patrimonio para constituir dos empresas telefónicas independientes, el nuevo plan consistirá en mantener la telefonía alámbrica en una misma empresa, separando el servicio de telefonía celular. "Existen muchos beneficios y razones para ser optimistas ante el futuro, ya no existe la incertidumbre laboral y ANTEL está lista para los nuevos desafíos de eficiencia y competitividad, por contar con lo más importante, nuestro factor humano", subraya la nota de Daboub. Originalmente, el programa comprendía la división de ANTEL en dos empresas, técnicamente llamada empresa Azul y empresa Roja, las cuales brindarían los mismos servicios de telecomunicaciones, con ello ANTEL aseguraría la competencia y evitaría la existencia de monopolios. Por su parte, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, afirmó el 28.04 que la venta de ANTEL está asegurada a la competencia en la Ley de Privatización de esa institución y que esa legislación plantea la división de la institución en dos empresas, por lo tanto se hará de esa manera. Sin embargo, no habló sobre el cambio de la forma de definir las dos empresas ( LPG 28.04 p.16-a y LPG 29.04 p.4-c).
GERENTES MUNICIPALES. El alcalde electo de San Salvador, Héctor Silva, dió a conocer el 25.04 la nómina de los nueve profesionales que estarán al frente de las gerencias que componen la Alcaldía Municipal. Silva informó que se mantendrá en su puesto al gerente de Saneamiento Ambiental, Carlos Meléndez, quien cuenta con amplios conocimientos sobre el tema de la basura. Entre las otras dependencias se mencionan: la Gerencia General, donde se nombró al economista Mario Cerna; Gerencia Legal, a David Acuña; de Comunicaciones, Ricardo Villacorta; Administración Financiera, a Raúl Ernesto Reyes; y de Mercados a Blanca Marín. Según Héctor Silva, pese a que las gerencias mencionadas se encuentran casi "vacantes", se ha tratado de mantener la estabilidad con la renovación de los jefes de las oficinas más importantes. "El hecho de que algunos profesionales se hayan desempeñado en la administración de Mario Valiente, no significa que sean malos y deshonestos", precisó Silva. "Se ha buscado gente capaz que combine la honradez, capacidad y experiencia práctica", indicó. Por otra parte, Silva reveló que para la selección del nuevo director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), se pretende que coincida su perfil con la línea que se dará a la institución, una línea totalmente diferente a como se ha manejado en la actualidad. Agregó que se han iniciado las primeras consultas con organismos responsables de la seguridad pública y expertos en la materia, por lo que se podrá contar con la persona a cargo de dicho cuerpo en un corto plazo ( LPG 26.04 p.5-a).
IRREGULARIDADES. El jefe de la Dirección de Auditoría Sector Municipal de la Corte de Cuentas, Walter Alarcón, informó, el 28.04, que el 23% de las 262 alcaldías del país dejarán sus cuentas con saldo rojo a sus nuevas autoridades que tomarán posesión el 1 de mayo. El funcionario afirmó que las principales irregularidades encontradas por los auditores son errores administrativos, incumplimiento de atribuciones, responsabilidades patrimoniales, mal manejo de los fondos públicos, responsabilidades penales como el peculado, malversación de fondos y falsedad material. Otras irregularidades son faltantes en efectivo en la ejecución no clara de proyectos, además de "plazas fantasmas", dijo Alarcón. El responsable de la Dirección se abstuvo de mencionar la lista de los municipios que se encuentran en dicha situación y los montos de dinero porque aún no se han determinado los informes de auditoría, y porque tras el traspaso de mando municipal, los ex alcaldes tendrán la posibilidad de desvanecer las anormalidades a través de la presentación de pruebas. Entre el conjunto de alcaldías que ya han sido auditadas (no necesariamente con irregularidades) figuran la de San Pedro Perulapán, Conacaste (Chalatenango), Zacatecoluca, Olocuilta, Cuyultitán, Ciudad Delgado, San Vicente, Ereguayquín (Usulután), Verapaz, San Salvador y Antiguo Cuscatlán ( LPG 29.04 p.6-a).
LIBERAN IMPUTADOS. Las tres personas acusadas de pertenecer a la agrupación clandestina "La Sombra Negra" exonerados, el 25.04, por un tribunal de conciencia, quedaron libres el 28.04 según lo confirmaron fuentes judiciales. Autoridades del Juzgado Primero de lo Penal de San Miguel, que investigaron el caso, confirmaron que los absueltos abandonaron la cárcel de Jucuapa, Usulután, luego de emitir las cartas de libertad. Mientras tanto, el juez Cuarto de lo Penal de San Salvador, Roberto Arévalo, envió el 28.04 al juez Primero de lo Penal de San Miguel, las 11 piezas expedientes del proceso "La Sombra Negra" para que lo continúe depurando (LPG 26.04 p.4-a, DH 24.04 p.2, LPG 24.04 p.5-a, DH 26.04 p.9, LPG 29.04 p.7-a).

RECHAZAN ABORTO. Miles de jóvenes de diversos colegios privados se concentraron, el 24.04, frente a la sede de la Asamblea Legislativa para mostrar su oposición a la posible despenalización del aborto terapéutico. Los jóvenes exigían la eliminación del artículo 137 del nuevo Código Penal, así como la introducción de penas más drásticas para los abortistas. "Nosotros que representamos al pueblo, tenemos que dar nuestro aporte a una cultura de vida, de paz; y no puede haber paz si continuamos permitiendo el aborto", dijo una estudiante no identificada ( LPG 25.04 p.6-a, DH 25.04 p.3).